Medellín, la ciudad capital del departamento de Antioquia en el noroeste de Colombia, fue la indiscutible «capital del asesinato» del mundo a principios de la década de 1990. En los últimos días del infame cartel de Medellín de Pablo Escobar y los años inmediatamente posteriores a su muerte en diciembre de 1993, las tasas de homicidio alcanzaron niveles récord, alcanzando su punto máximo en 1991 con 381 por cada 100,000 habitantes.

Solo después de 2002 las tasas de homicidio comenzaron a descender a niveles más cercanos al promedio de América Latina. Desde entonces, mucho se ha hablado de Medellín como un caso espectacularmente exitoso. A menudo se le etiqueta como el «renacimiento» de Medellín o como el modelo de «urbanismo social» de Medellín, que es aplaudido internacionalmente.

A nivel de barrio, se tomaron medidas para expulsar o neutralizar a los diversos grupos armados, para invertir en servicios comunitarios y para instalar un sistema de presupuesto participativo. A nivel de ciudad, las intervenciones llamativas, muchas veces con el apoyo de la poderosa comunidad empresarial, fueron la extensión de teleféricos al sistema de metro ya existente para conectar las comunidades más pobres en las colinas con los barrios del centro, industriales y acomodados en el valle.

Otras intervenciones socioespaciales fueron proyectos de mejoramiento urbano, otras infraestructuras como escaleras mecánicas públicas, bibliotecas comunitarias, áreas verdes, etc. El período de urbanismo social facilitó la aparición de una amplia gama de grupos e iniciativas sociales, políticas y culturales a nivel comunitario en los márgenes urbanos de Medellín (generalmente llamadas comunas), especialmente en la Comuna 13, San Javier.

Sin embargo, aunque Medellín parece estar poniendo en práctica una estrategia de resiliencia transformadora multinivel de manera efectiva, hay, por supuesto, aspectos negativos. Los más citados son, primero, la presencia continua de grupos armados no estatales en las comunas, en particular pandillas locales y una nueva generación de grupos paramilitares/narcotraficantes, posiblemente de alguna manera en pactos tácitos con el estado legal. En segundo lugar, se critica el peso de las prioridades de élite en el urbanismo de Medellín por producir gentrificación y servir para la marca de la ciudad frente a inversores y turistas.